El 12 de junio, la Cámara de Diputados de Brasil recibió un proyecto de ley que busca aumentar la pena por aborto después de las 22 semanas de gestación. El diputado Sóstenes Cavalcante presentó la propuesta, que busca reformar el Código Penal para aumentar las sanciones para las mujeres embarazadas y los médicos que realizan el procedimiento. La pena máxima propuesta es de 20 años de prisión, equivalente a la pena por homicidio.
El proyecto de ley se presentó a trámite urgente, impulsado por el diputado Eli Borges, líder del Frente Parlamentario Evangélico. Borges justificó la urgencia argumentando que, según la Organización Mundial de la Salud, un feto a las 22 semanas es viable y puede sobrevivir fuera del útero, lo que convierte el aborto en esta etapa en «literalmente el asesinato de un niño».
Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre y malformaciones graves, independientemente de la semana de gestación. Fuera de estos casos, el aborto se castiga con penas de uno a tres años de prisión. La propuesta de Cavalcante pretende aumentar significativamente estas penas para los abortos realizados después de las 22 semanas, lo que ha generado un amplio debate tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.
A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó inicialmente el trámite de urgencia, veinte entidades de la sociedad civil se opusieron vehementemente, buscando impedir la agilización del proceso legislativo. En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, anunció que el asunto se abordaría con detenimiento en el segundo semestre del año. Lira aseguró que se formaría una "comisión representativa" para involucrar a toda la sociedad en la discusión del proyecto de ley y garantizó que no se cuestionarían los derechos ya establecidos.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Throssell, intervino en el asunto. Enfatizó la importancia de debatir a fondo el proyecto de ley para evaluar sus implicaciones y su conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
La soberanía de un país se manifiesta cuando defiende a los más vulnerables, incluidos los no nacidos. Los términos del debate están definidos, y aún queda por ver si los legisladores brasileños defenderán los principios fundamentales de la nación.
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